La legitimidad de los escraches

Volviendo sobre este tema que a pocos deja indiferentes, creo que el asunto de la ilegalidad, y más aún los intentos de asociar este tipo de protesta con el terrorismo o al nacismo, son tan injuriosos que no puedo evitar expresar mi opinión al respecto.

La delegada del Gobierno de Madrid, Cifuentes, ha dicho en varias ocasiones que si se notificaran las concentraciones, éstas dejarían de ser ilegales. No suena mal, pero no hace alusión a la aprobación o prohibición de las mismas que lleva aparejada la notificación, lo cual ya me genera cierta desconfianza.

Al informarme sobre los requisitos para solicitar una concentración compruebo que esta imposición supone volver al papeleo del que se quejan precisamente los que optan por el escrache, hartos dicen del esfuerzo inútil de trámites que son una pérdida de tiempo.

Es necesario presentar el nombre, apellidos, domicilio y dni del organizador/es. Asimismo, se indicará lugar, fecha, hora, duración prevista, motivo, itinerario (si es el caso) y medidas de seguridad previstas, todo ello con una antelación de diez días naturales como mínimo y treinta como máximo.



Me parecen unas exigencias excesivas para las personas afectadas por una ley de desahucios lamentable, que incluso vulnera la normativa comunitaria con cus cláusulas abusivas. Y aclaro que cuando hablo de concentraciones pacíficas, es porque creo que quien reivindica algo justo y necesario, no necesita de la violencia para manifestar su protesta.

Podría ser mi punto de vista un desvarío, pero hoy he podido comprobar que ya se ha dado el caso de un juez en Cantabria, que ha dictaminado que no es ilegal la concentración -escrache- ante la puerta del domicilio de un cargo político (Un juez archiva una denuncia por escrache por considerar que están "legitimados" para manifestarse Público.es).

Calderón, objeto del escrache, argumentó que esas conductas ponen en riesgo la seguridad e intimidad de su familia, y entiendo su indignación, pero no comparto su opinión. La protesta pacífica no supone en ningún caso atentar contra dicha seguridad, y en cuanto al derecho a la intimidad, es un personaje público y eso acarrea consecuencias, ¿no es eso lo que siempre se dice de los famosetes que salen en los medios?.

Sin duda es un asunto controvertido, pero criminalizar a los que protestan me parece miserable. Queda pues en manos de los jueces decidir si el reproche de los desahuciados hacia los que sólo tienen sentimientos de protección con su familia y allegados, es un acto lícito o no.


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